“La decisión del presidente Duque de objetar la Ley estatutaria, argumentando su inconveniencia, afecta gravemente a la justicia transicional representada en la JEP, a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y garantía de no repetición”.

Así se pronunció el dirigente político magdalenense Carlos Caicedo este martes tras conocerse la reciente posición del presidente Iván Duque sobre seis de los 159 artículos de la Ley Estatuaria de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De acuerdo con el exalcalde de Santa Marta, las objeciones a la JEP ponen en entredicho lo pactado en el Acuerdo de Paz, suscrito por el Estado colombiano y ampliamente respaldado por la comunidad internacional.

“El Estado colombiano debe honrar su palabra de cumplir los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional y el Sistema de Naciones Unidas en el Acuerdo final para el fin del conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera. El funcionamiento de la JEP con el pleno apoyo de la institucionalidad no es discrecional del fuero presidencial, ni de ningún órgano del poder público; su legalidad estuvo sometida al control de la Corte Constitucional y encontrada ajustada al ordenamiento constitucional vigente”, indicó el dirigente.

Con relación a la visión y la posición de garantes por parte de organismos internacionales, Caicedo enfatizó: “La misión de observación de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional han observado la gravedad de la situación que se produciría de persistir las conductas tendientes a incumplir lo que son obligaciones de justicia del Estado con las víctimas del conflicto armado, los desmovilizados y los demás actores involucrados en el conflicto armado”.

Igualmente, el exmandatario de la capital del Magdalena que “la incertidumbre jurídica en que quedan los desmovilizados de las Farc y los militares vinculados no es buena para la Paz” debido a que, según él, “nuevamente serán las víctimas quienes verán vulnerados sus derechos fundamentales”. 

Asimismo, respaldó que la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, haya asegurado que esta Ley continuará con sus obligaciones constitucionales de aplicar la justicia transicional. 

Demora

Caicedo hizo un llamado al Congreso para que actúe acorde con lo establecido inicialmente: “el Congreso de la República deberá conocer las objeciones del ejecutivo y decidir sobre el fundamento de las mismas. Esta responsabilidad deberá ratificar lo que ya es un acto legal refrendado por la honorable Corte Constitucional. Ni la comunidad democrática de Colombia, ni la internacional esperarían una modificación de la Ley por ellos promulgada”.

Indicó que si en el Congreso llegaran a aceptar las respuestas del ejecutivo, podría acarrear en otra larga demora en el proceso.